El éxito de la manifestación convocada en 9 de mayo en Madrid en el noveno aniversario del fraude 'calienta' la irrupción de los afectados en la campaña electoral y la ofensiva institucional que ADICAE comienza la próxima semana.
Más de 10.000 afectados por el fraude de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza han participado en la manifestación que, con motivo de los nueve años transcurridos desde el estallido del escándalo, habían convocado ADICAE y la Federación de Clientes de Afinsa y Forum que a través de la Plataforma 'Solución Forum-Afinsa' aglutinan a la práctica totalidad de los afectados.
En esta gran movilización, que prosigue con la campaña permanente que ADICAE lidera desde 2006 por una solución, se ha destacado que el tiempo transcurrido sin respuesta eficaz a medio millón de familias acredita la negligencia, inoperancia y descrédito de las instituciones, la justicia y los Gobiernos que han tenido en su mano la resolución de uno de los mayores fraudes al ahorro habidos en España.
Con el lema empleado en muchas otras movilizaciones de 'Empresas culpables, Estado responsable', los afectados han resaltado la evidente responsabilidad del Estado en la situación de casi 500.000 familias.
Además han reclamado el cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos que Mariano Rajoy asumió en 2008, y exigido que se de curso a la solución que el Congreso de los Diputados, los 17 parlamentos autonómicos y centenares de plenos municipales han requerido, mediante acuerdos unánimes, al Ejecutivo.
La manifestación es el inicio de una ofensiva en la que los afectados abordarán a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales en cada acto de campaña, presentarán miles de escritos al presidente del gobierno, diputados e instituciones de toda España, y se dirigirán a las instituciones de la UE denunciando al Estado español y reclamando la acción comunitaria.
Además tras la manifestación, en la que se han dado "5 meses al Gobierno para resolver la situacion" expresando así el hartazgo de los afectados, se acordó exigir a los futuros parlamentos autonómicos y plenos municipales que se conformarán tras las elecciones la ratificación de los acuerdos, mociones y proposiciones aprobadas hasta ahora en las que se ha requerido al gobierno el análisis e implementación de la solución definitiva para el medio millón de familias víctimas del fraude.
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